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Juan López: El ambientalista asesinado que luchó en contra del narcotráfico y la minería en Honduras
November 18, 2024 By Daniel Fonseca
El murmullo de oraciones llena el salón donde el padre Melo, preside el funeral de Juan López, el último defensor del medioambiente asesinado en Honduras. Melo, tiene la mirada baja, la voz pausada, hoy se le ve cansado.
El cura levanta las manos y pronuncia el rito: “Líbranos señor de todos los males”. Y su público, unos doscientos amigos y compañeros de lucha de Juan, contestan. “De las injusticias”, grita alguien. El cura sigue acorde a la tradición: “Líbranos señor”. Entonces las voces empiezan a citar sus males: asesinatos, políticos corruptos, violencia. Alguien, justo antes de terminar, grita “De los narcos” y el cura, con las manos aún hacia el cielo, mira los rostros de la comunidad y responde: “Líbranos señor”. El silencio que sigue a estas últimas palabras es pesado, tan denso como la historia de esta tierra.
El padre Melo (extrema izquierda) con dos dolientes en la funeraria Amor Eterno en Tocoa, Colón mirando el ataúd de Juan López // Fotos de Jorge Cabrera
“Por el agua y la vida”
Juan López fue asesinado el 14 de septiembre en Tocoa, una ciudad ubicada en el Bajo Aguan al norte de Honduras conocida por su alto índice de violencia y por la fuerte presencia del narco en la zona. Juan iba saliendo de una iglesia junto a su esposa y sus hijas cuando un sicario interceptó su vehículo y lo mató de varios disparos. Era la víspera del Día de Independencia en Centroamérica.
El mismo día de su muerte Juan había publicado un escrito donde condenaba las industrias extractivistas que habían golpeado Honduras, incluyendo la mineria y negocios de agricultura que han impactado al país a lo largo de los últimos dos siglos. López también habló en contra de la presencia del narcotrafico en el área.
“Pido disculpas anticipadas si mis letras, que brotan del alma, incomodan, pero en honor a la verdad debo decirlas”, escribió.
“Pido disculpas anticipadas si mis letras, que brotan del alma, incomodan, pero en honor a la verdad debo decirlas.”
La muerte de Juan López es el último capítulo en la historia del Bajo Aguán. Esta zona agrícola, atravesada por el narcotráfico, ha sido el centro de un conflicto ambiental y social que se ha cobrado la vida de cientos de campesinos y ambientalistas desde hace tres décadas.
López, que habìa empezado a desarrollar su liderazgo en organizaciones campesinas del Aguán, había dedicado los últimos años de su vida a enfrentarse contra Inversiones “Los Pinares”, una empresa minera parte de Grupo EMCO, un conglomerado con inversiones en energía, construcción, minería y aeropuertos y que mantiene nexos con militares hondureños y capitales extranjeros.
Según las denuncias de los ambientalistas, desde 2014 las operaciones de extracción de óxido de hierro que Los Pinares econducìan dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras estaban destruyendo los ríos Guapinol y San Pedro: el cauce del río empezó a disminuir y el agua que antes usaban para lavar, cocinar y bañarse ahora estaba contaminada. Según los defensores, comunidades enteras tuvieron que ser desplazadas debido a que el consumo del agua que necesitaban para vivir ya no era seguro.
Como parte de la lucha emprendida por Juan, sus compañeros del Comité Municipal de Bienes Públicos de Tocoa y otros ambientalistas de la región, enfrentaron amenazas, acoso, difamación en redes sociales y, finalmente, violencia y criminalización.
Por ejemplo, en 2019 miembros de la comunidad de Guapinol instalaron el campamento “Por el Agua y la Vida” que durante 88 días impidió el acceso hacia la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde estaba localizada la mina, y que fue desalojado violentamente por la Policía Nacional.
Poco después de esto, inició una persecución judicial liderada por el Ministerio Público que acusó a ambientalistas de ser parte de un grupo violento que incendió varios contenedores propiedad de Los Pinares y la camioneta de un encargado de seguridad de la mina. Con esta acusación se abrió un proceso judicial contra Juan López y 30 de sus compañeros de lucha. Ocho compañeros de Juan pasaron casi tres años en prisión.
Es difícil determinar si los hechos de la acusación sucedieron o no. Lo que sí se puede asegurar es que representantes comunitarios han denunciado el accionar malicioso de la fiscalìa, a quien acusan de estar coludida con EMCO. Por su parte, Aministìa Internacional declaró a los ocho ambientalistas encarcelados como “presos de conciencia”, por considerar que no existían pruebas legítimas “que justificaran los cargos penales y que habían sido procesados únicamente por ejercer sus derechos humanos”.
Multitud de dolientes rodean el féretro de Juan López en el Cementerio Nuevo en Tocoa, Colón // Foto de Jorge Cabrera
Mientras dos dolientes palean tierra, muchos asistentes visten de verde para mostrar su apoyo al movimiento por la justicia medioambiental // Foto de Jorge Cabrera
El Poder de EMCO y Lenir Pérez: Un imperio construido con complicidad estatal
El Grupo EMCO ha estado bajo la dirección de Lenir Pérez, empresario hondureño que vio crecer su poder e influencia entre 2014 y 2022, es decir, durante los gobiernos del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien hoy cumple una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Pérez —quien también ha sido donante de campaña del presidente de El Salvador, Nayib Bukele— ha sido señalado directamente por defensores
ambientales de el Aguán por su participación en la violencia, persecución y criminalización que han experimentado durante los últimos años.
Un informe de Global Witness titulado “Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, publicado en 2017, recogió denuncias de miembros de las comunidades afectadas por la minera quienes aseguraron que Pérez ofrecía sobornos para tener el apoyo de las comunidades. Cuando estas personas se negaban a aceptar el dinero, lo que recibían eran amenazas.
“Esta empresa [de Lenir Pérez] y los funcionarios públicos han estado operando con toda impunidad y no se les puso un alto”, dice Leonel George, regidor de Tocoa, compañero de Juan y uno de los defensores criminalizados en el caso de Guapinol. “El estado desde hace mucho tiempo tuvo que haber cancelado las concesiones y los contratos mineros y no seguirle dando largas, pero siguieron promoviendo [los proyectos de Lenir]. Eso vino a agudizar la situación de amenazas que se vivía”, asegura.
Además del apoyo que Pérez ha recibido desde el Estado, sus proyectos se han materializado gracias a sus socios comerciales, como la siderúrgica Nucor, una de las mayores productoras de acero del mundo. Una investigación reveló que Nucor estuvo asociada a EMCO al menos entre 2015 y 2023, es decir, en el periodo de mayor criminalización y violencia contra los opositores del proyecto minero.
En abril de 2023, una de las propiedades de Lenir Pérez en Estados Unidos fue allanada por el FBI, quien lo interrogó por su conexión con la siderúrgica, según dijo a medios el abogado de Pérez.
Otro aliado clave de EMCO ha sido el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, miembro del gobernante Partido Libertad y Refundación. El 13 de junio, Fúnez instauró de forma irregular un cabildo abierto para asegurar la instalación de un proyecto termoeléctrico a base de petcoke, un derivado del petróleo estudiado por sus efectos nocivos a la salud y que no tiene regulación en Honduras. Este proyecto es propiedad de otras de las empresas parte del grupo EMCO.
En septiembre de 2024, semanas antes del asesinato de Juan, se reveló un video de 2013, donde se veía a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y a Adán Fúnez negociando dinero de campaña con algunos de los capos de la droga más prominentes en Honduras.
En septiembre de 2024, semanas antes del asesinato de Juan, se reveló un video de 2013, donde se veía a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y a Adán Fúnez negociando dinero de campaña con algunos de los capos de la droga más prominentes en Honduras.
En lo que sería una de sus últimas apariciones públicas, Juan López, acompañado de representantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, exigió la renuncia del alcalde. “Depende de la fuerza popular que lo obligue a renunciar, porque ya no es, en estos términos, la persona indicada para dirigir los destinos del municipio”, dijo López durante la conferencia. Días después, fue asesinado.
El legado de los defensores del agua en Honduras
Los datos demuestran que la muerte de Juan no es un caso aislado. En 2023 Honduras pasó a ser el tercer país más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente después de Colombia y Brasil. Según un informe de Global Witness, solo ese año fueron asesinados 18 ambientalistas.
Entre las 18 muertes registradas en ese año, tres fueron de defensores del Aguán: Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oquelí Domínguez. Los tres habían sido compañeros de lucha de Juan.
Este asesinato presenta muchos paralelismos con la muerte de otra ambientalista hondureña que dedicó su vida a defender los ríos de Honduras: Berta Cáceres, asesinada en 2016. Ambos se enfrentaron contra conglomerados empresariales respaldados por el Estado y grandes capitales extranjeros en su defensa del agua. Estos casos evidencian la violencia que miles de ambientalistas experimentan en América Latina y el mundo.
Cáceres se enfrentó contra un proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala, una de las más ricas de Honduras. Este proyecto había recibido inversión del Banco Centroamericano de Desarrollo Económico, el banco holandés FMO y Deutsche Bank, quienes apoyaron financieramente a pesar de las denuncias de irregularidad en el proyecto y la violencia registrada contra las comunidades que se oponían a su instalación. La familia de Berta continúa exigiendo una justicia que parece nunca llegar.
El asesinato de Juan López dejó una herida profunda en las comunidades del Aguán: no solo perdieron a uno de sus líderes más importantes, sino que continúan siendo testigos del precio que pagan aquellos que deciden enfrentarse a quienes buscan repartirse el control de sus tierras.Su muerte, sumado a la falta de respuesta por parte del Estado, ha dejado una sensación de abandono entre aquellos que aún quedan para resistir.
Semanas después del velorio, aunque la justicia hondureña continùa prometiendo justicia, las personas en Tocoa no están tan seguras de que se persiga a los autores intelectuales de este asesinato. Se sienten desprotegidos. Jessenia, una periodista comunitaria que ha acompañado la lucha por defender los ríos del Aguán: “Si se atreven a tocar a Juan, ¿los demás qué podemos esperar?”
About Daniel Fonseca
Daniel Fonseca is a Honduran journalist and columnist. He covers issues related to human rights, migration and the environment. He has coordinated a team of 44 reporters in 16 countries to investigate housing access for women, children and LGTBIQ+ individuals. He was nominated for the 2023 Gabo Award and was a 2024 finalist for the Inter American Press Association's Award for Excellence in Journalism. His work has been published in 11 countries and translated into three languages. He lives in Tegucigalpa, where he reports and writes.
Daniel Fonseca es periodista y cronista hondureño. Cubre derechos humanos, migración, medioambiente y violencia. Coordinó a un equipo de 44 periodistas en 16 países para investigar el acceso a la vivienda para mujeres, jóvenes y personas LGTBIQ+. Fue nominado al Premio Gabo (2023) y finalista del Certamen a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (2024). Su trabajo se ha publicado en 11 países y traducido a tres idiomas. Vive en Tegucigalpa, donde reportea y escribe
