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El primer año de Milei en Argentina: retrocesos para el colectivo LGBTIQ+
March 25, 2025 By Stanley Luna
Como nunca antes, en un día de verano que sobrepasa los 30 grados de sensación térmica, el colectivo travesti-trans encabeza una marcha a la par de las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo. Atrás de ellas van migrantes de todas partes del mundo, la comunidad afro y las personas de pueblos originarios de Argentina. Más atrás, siguen miles de personas divididas en bloques: el colectivo LGBTIQ+, la comunidad drag, pacientes oncológicos y seropositivos, personas jubiladas, despedidas del Estado, empleadas de instituciones públicas y partidos políticos de oposición al Gobierno del ultraderechista Javier Milei. Son las cuatro de la tarde del 1 de febrero de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires, la capital Argentina, y esta marcha se está replicado en otras ciudades del país para ponerle un freno a Milei.

El Gobierno de Milei ha reducido hasta en un 76 % los tratamientos antirretrovirales para las personas viviendo con VIH.
“A nosotras nos tocan la vida y este país no se duele. Pero algo de memoria y consciencia todavía tiene. Eso es lo que les despertamos, la consciencia de que nuestras vidas valen, de que somos sus hijas, sus hijos y sus putas”, dice la activista travesti Marlene Wayar, quien marcha con el colectivo travesti-trans Las Históricas Argentinas. Wayar está sobre la Avenida Mayo, a unas cuadras de la histórica Plaza de Mayo. En minutos, la avenida se convertirá en una pista de ballroom ocupada por identidades sexogenéricas que voguearán consignas como “Fuera, fuera Milei” o “Dame, dame tu furia”. Parece una celebración, pero en realidad esto es un protesta.
“A nosotras nos tocan las vida y este país no se duele. Pero algo de memoria y consciencia todavía tiene. Eso es lo que les despertamos, la consciencia de que nuestras vidas valen, de que somos sus hijas, sus hijos y sus putas.”

Por primera vez en una marcha argentina y en respuesta a la xenofobia de Milei, las personas migrantes conformaron un bloque para protestar el pasado 1 de febrero.
El 23 de enero, en el Foro Económico de Davos, Milei dio un discurso en el que vinculó a la homosexualidad con la pedofilia, dijo que las feministas buscan privilegios, atacó a las personas migrantes y al movimiento ambientalista. El colectivo LGBTIQ+, en respuesta, realizó dos asambleas para organizar una movilización masiva a la que llamó Marcha del Orgullo Federal Antifascista y Antirracista LGBTIQNB+, con el fin de exigirle a Milei que respete a la diversidad sexual y los derechos que esta ha ganado en la última década. En los días previos a la marcha, de a poco, se adhirieron los sectores golpeados por la política de ajuste fiscal del Gobierno en el primer año de Milei frente al Ejecutivo.
Argentina es un país pionero y referente en las garantías de derechos para las personas LGBTIQ+ y las mujeres. En 2010, fue el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario; en 2012, también fue el primero en la región en tener una la Ley de Identidad de Género, una ley modelo a nivel mundial por haber despatologizado las identidades trans y haber provisto al Estado de herramientas legales para que este colectivo pudiese acceder igualitariamente a derechos básicos. En 2020, además, despenalizó el aborto por cuatro causales y un año después aprobó la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, que exige que el 1 % de las contrataciones estatales correspondan a personas travestis y trans.
Por estos avances en materia de derechos humanos y bajo la lógica de que el país ya tiene leyes aprobadas que Milei debe respetar, 1 de febrero, las disidencias sexuales decidieron cambiar el recorrido que comúnmente tienen las marchas en la Ciudad de Buenos Aires: no partieron desde la Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, sino a la inversa, ya que contiguo a la plaza está la Casa Rosada, la casa del Gobierno. La marcha tuvo el apoyo referentes de la cultura y del arte argentino, como las cantantes Lali Espósito y María Becerra, quienes también han sido atacadas en más de alguna ocasión por Milei debido a posicionarse a favor de la diversidad sexual o disentir públicamente con la agenda conservadora gubernamental.

Una asistente muestra un letrero para referirse a su respaldo al colectivo travesti-trans y a las mujeres de la diversidad sexual en Argentina.
Las leyes y políticas públicas a favor del colectivo LGBTIQ+ y las mujeres corren el riesgo de ser desmantelas de manera sistémica en la administración actual. Mientras la diversidad sexual organizaba la marcha, el Gobierno Nacional montó una campaña para continuar su ataque contra lo que actualmente la ultraderecha llama peyorativamente la agenda woke y que, en el caso argentino, el oficialismo ha decidido llamar la “batalla cultural”: una guerra ideológica entre el conservadurismo y el pensamiento progresista. Por ejemplo, el 25 de enero, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció en su cuenta de la red social X que enviaría al Congreso un anteproyecto llamado “Igualdad ante la Ley”, para eliminar la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans y eliminar la figura del feminicidio del Código Penal argentino. “El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra”, escribió el funcionario en su publicación. Y agregó que “se había usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”.
“El feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra…se había usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre.”
Después de la marcha organizada por el colectivo LGBTIQ+, el oficialismo endureció su agenda conservadora y, el 5 de febrero, reformó la Ley de Identidad de Género para prohibir que las y los menores de 18 años puedan acceder a las terapias de hormonización y también a cambiar su género en el registro estatal. Esta reforma se realizó en medio de la desinformación, pues aunque el Gobierno dijo que en Argentina la ley avalaba las intervenciones quirúrgicas de los menores trans, realmente la ley solo les permitía la hormonización y el freno puberal.
Ese día, Gabriel Villalba, un adolescente trans de 17 años, estaba feliz de que su endocrinólogo le había subido la dosis de testosterona -la hormona masculina-, pero luego se preocupó porque, a dos meses de que se le agoten los sobres de testosterona, no sabe qué va a pasar con su tratamiento, ya que alcanza la mayoría de edad hasta en agosto.
Villalba padece de anemia y había iniciado las consultas y los exámenes médicos para acceder a la hormonización en febrero del año pasado. Después de contar con los resultados clínicos, el endocrinólogo le autorizó la hormonización en diciembre de 2024. Pero ahora, cuenta Villalba, el médico tiene miedo de seguir atendiéndolo, ya que la reciente reforma de ley condiciona el trabajo de los especialista en salud trans y no solo para atender a menores. De acuerdo con el adolescente, personas trans mayores de edad le han comentado que los médicos no les quieren atender a partir de la reforma.
“Cuando me enteré de todo, empecé a hablar con amigues y me dio bronca. Si a mí me sacan la testosterona, yo sé que voy a volver a tener mis problemas de salud, voy a perder todos los cambios que ya estoy teniendo y me va a afectar muchísimo a mi salud mental”, recuerda Villalba, quien es parte de la Secretaría de Familias de Niñez y Adolescencia Trans, de la Federación Argentina LGBT+. La federación ha presentado un amparo para suspender las reformas a la Ley de Identidad y, en la capital argentina, el fuero Contencioso Administrativo ya ordenó pausar las modificaciones a ley.
“Si me sacan la testosterona, yo sé que voy a volver a tener mis problemas de salud, voy a perder todos los cambios que ya estoy teniendo y me va a afectar muchísimo a mi salud mental.”

Un hombre marcha en la Marcha del Orgullo Federal Antisfascita y Antirracista LGBTIQNB+ con un cártel en contra de Javier Milei, quien trató a los homosexuales de pedófilos.
La Ley de Identidad de Género fue aprobada tras años de lucha del colectivo travesti-trans. Y es que este colectivo, una vez que Argentina alcanzó la democracia, en 1983, siguió siendo perseguido y criminalizado por su identidad y expresión de género a través de Códigos de Faltas y Código Contravencionales que comenzaron a ser derogados a partir de 2007. Sin esta ley, en 2013, Luana, a sus seis años, no se hubiese convertido en la primera niña trans en acceder al cambio de género a nivel mundial; tampoco ahora las personas trans tuvieran acceso al sistema de salud o al derecho a la educación. Mucho menos hubiese sido aprobada, en 2021, la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans.
Sin embargo, en su narrativa anti-woke, Milei ha tomado al colectivo LGBTIQ+ como un blanco de ataque. En Davos, el mandatario argentino citó el caso de una pareja estadounidense condenada en diciembre a 100 años de prisión por abuso infantil para aseverar que “en sus versiones más extrañas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos compartamientos”. Luego de este discurso, en febrero, en Argentina se desataron crímenes de odio contra la diversidad sexual, específicamente contra mujeres lesbianas: un vecino incendió la casa de una pareja de lesbianas en la Provincia de Buenos Aires, un transeúnte golpeó a una pareja de lesbianas cuando caminaba de la mano en la Ciudad de Buenos Aires y, en la provincia noroeste de Salta, otro hombre entró a la casa de una activista lesbiana y le dio siete puñaladas.
Estos casos se suman al triple lesbicidio ocurrido el 6 de mayo del año pasado en el barrio porteño de Barracas, donde un vecino lanzó una bomba y atacó a dos parejas de lesbianas que compartían una habitación en un hotel precario. Solo una de las víctimas sobrevivió. El ataque fue cometido horas después de que, en un programa radial, el amigo y biógrafo de Milei, Nicolaś Márquez, dijera que la homosexualidad es una conducta “insana y autodestructiva”.

Una manifestantes exhibe los nombres de las tres mujeres lesbianas asesinadas por un vecino en un crimen de odio ocurrido en mayo de 2024.
En 2024, de acuerdo con Observatorio del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, hubo 140 crímenes de odio en Argentina. El 48 % de estos casos consistió en asesinatos, violencia estructural y suicidios. Las edades de las víctimas rondaron entre los 30 y 39 años, y las mayores afectadas por estos ataques fueron las personas trans. La violencia que sufren las personas trans, en particular las mujeres trans, hace que, según la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, su esperanza de vida en América Latina sea menor a los 41 años.
Por este cúmulo de ataques, a la marcha del 1 de febrero no solo asistieron personas LGBTIQ+, sino que también lo hicieron personas heterosexuales. Como Celia Molina, una señora de 85 años que extendía una bandera arcoíris desde una acera cercana a la Plaza de Mayo, dijo haberse sorprendido cuando escuchó el discurso de Milei en Davos. “Hay que parar esa locura idiota que nos daña. A mí me preocupa el más del 50 % del país que votó a Milei”, comentó. Mientras que la pareja de Federico Lovato y Julieta Mirra, quienes marcharon de la mano de su hijo Bruno, de 8 años, indicaron que estaban en la marcha para “apropiarse de la palabra libertad” y “defender a la patria de gente neofascitas”.
Milei ganó las elecciones con el 56 % de los votos en 2023 con el partido de La Libertad Avanza. Comenzó su mandato en diciembre de ese año y uno de sus primeros ataques al colectivo LGBTIQ+ fue el despido masivo de al menos 900 personas travestis y trans que habían sido contratadas en el Estado bajo la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans. Luego eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de donde dependían políticas públicas a favor de las mujeres y la diversidad sexual; y también disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que recibía y acompañaba la denuncias por discriminación.
Para Carlos Álvarez, un hombre gay afrodescentiente, el cierre de estas instituciones representa un desconocimiento de parte del Estado sobre la importancia de la promoción de los derechos humanos para todas las personas. Con estas decisiones, dice, el Gobierno Nacional deja desprotegidas a poblaciones enteras. Sin embargo, Álvarez opina que la marcha del 1 de febrero marcó un cambio en la dinámica de los movimientos sociales en Argentina por confrontar al fascismo y al racismo al mismo tiempo.
“Lamentablemente venimos siendo víctimas de un gobierno neoliberal que está acabando con instituciones, no solamente en términos de Estado, sino en toda la lucha en la que hemos avanzado las mujeres, los indígenas, LGBTI, afros y personas con discapacidad”, menciona Álvarez.

La marcha del pasado 1 de febrero partió de Congreso y terminó frente a la Casa Rosada, la casa de Gobierno.
“Una batalla cultural” en América Latina: El Salvador, otro país en retroceso
Argentina no es el único país en América Latina que tiene una agenda en contra de la diversidad sexual, también el Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, representa retrocesos en los pocos avances que este país había alcanzado a favor del colectivo.
Bukele llegó a la presidencia salvadoreña en 2019 y una de sus primeras decisiones fue desmantelar la Secretaría de Inclusión Social, de la que dependían las políticas públicas para las mujeres y las disidencias sexuales. Dentro de esta secretaría estaba la Dirección de Diversidad Sexual, la cual, entre otras funciones, recibía denuncias por discriminación por razones de género en las instituciones públicas, capacitaba en temas de género al personal estatal y generaba ferias de trabajo para el colectivo LGBTIQ+. Dicha dirección fue trasladada el Ministerio de Cultura, pero las organizaciones sociales han denunciado que, en los seis años que Bukele lleva en el Gobierno, ya no se siguieron implementando las políticas públicas creadas en los dos gestiones que le antecedieron, parte de ellas eran los lineamientos especializados de atención para la diversidad sexual en el sistema de salud.
En 2021, el partido oficialista salvadoreño obtuvo mayoría en el Congreso y, en sus primeras sesiones parlamentarias, la bancada afín a a Bukele engavetó una serie de proyectos que consideró “obsoletos”, como la Ley de Identidad de Género y la despenalización del aborto en cuatro causales.
“Nosotros confiamos a nuestros hijos, que son lo que valen para nosotros, al sistema educativo, para que les enseñe cosas útiles en su vida: biología, matemática, cosas importantes, para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterle ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza”, dijo Bukele, en Estados Unidos, a Catalina Stubbe, la directora hispana de Moms for Liberty, una organización estadounidense que está en contra la educación sexual y de la diversidad sexual, en el marco de su visita a la edición de febrero de 2023 de la Conferencia de Acción Conservadora, donde coincidió con Donald Trump y con Milei.
“Nosotros confiamos a nuestros hijos, que son lo que valen para nosotros, al sistema educativo, para que les enseñe cosas útiles en su vida… Y luego vienen y quieren meterle ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza.”
Una vez terminada la conferencia, los gobiernos de Bukele y Milei prohibieron en las instituciones estatales el acrónimo LGBTIQ+. Lo que ha llevado que en Argentina estén censurados los contenidos relacionados con la diversidad sexual y la educación sexual integral en las instancias pública; lo mismo en El Salvador, donde Bukele ha llegado al punto de censurar en el Teatro Nacional de la capital, San Salvador, Inmoral, una obra creada por artistas drag que habla sobre las identidades sexogenéricas y las violencias que enfrentan.
“En estos casi seis años de Gobierno, que incluyen un año que ha sido inconstitucional, los avances que se habían logrado en la década anterior para facilitar el acceso a los derechos fundamentales de las personas LGBT+ se han ido desmontando uno a uno. Y, además, se han envalentonado los discursos de odio contra la diversidad sexual desde las instituciones públicas, los funcionarios gubernamentales, incluyendo al mismo presidente, ahora inconstitucional”, señala Roberto Zapata, activista de la organización AMATE, quien hace hincapié que las mujeres trans son las más afectadas con la agenda conservadora de Bukele.
AMATE ha documentado casos de adolescentes trans que han sido discriminados de instituciones educativas por expresar su género. Además, según Zapata, el Ministerio de Salud ha omitido en los formularios de atención las diferentes orientaciones sexuales e identidad de género de las y los pacientes LGBTIQ+, lo cual excluye del sistema de salud a las personas por fuera de la norma cisgénero y heterosexual.
Debido a la política de represión en El Salvador, la sociedad salvadoreña está desmovilizada. Hasta el momento, los datos oficiales señalan que los últimos tres años han sido detenidas 85 mil personas, pero organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario estiman que miles de estas detenciones son arbitrarias.
Zapata asegura que el régimen de excepción ha “permeado” en los movimientos sociales por el temor a que activistas sean perseguidos o que sus organizaciones sean desarticuladas por el Gobierno . “Aunque las redes sociales siguen siendo una apuesta no menos importante para los movimientos, varios también han priorizado el trabajo comunitario para resistir desde allí”, agrega el activista.
La estrechez de Trump con estos gobiernos está más a la vista que nunca. Milei asistió a su investidura de Trump, el 20 de enero; y Bukele, la segunda semana de febrero, comenzó a recibir en las cárceles salvadoreñas a migrantes de diferentes nacionalidades que Trump está deportando de Estados Unidos en el marco de su política contra las personas migrantes. A estos presidentes no solo les une la agenda anti-woke, sino la represión y la crueldad.
About Stanley Luna
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Salvadoreño radicado en Argentina. Periodista e investigador. Ejerce el periodismo desde hace 10 años y se especializa en géneros y diversidad sexual. Sus investigaciones periodísticas y académicas también abarcan el acceso a los derechos humanos de poblaciones vulnerables en América Latina. Colabora para el periódico Página 12, Agencia Presentes y Filtra Leaks (Argentina), Revista Alharaca (El Salvador) e Intertextual (Costa Rica). En 2020 fue premiado en la categoría de Excelencia Periodística por la Sociedad Interamericana de Prensa por un especial colaborativo sobre desapariciones forzadas en El Salvador, publicado en la revista Séptimo Sentido, de La Prensa Gráfica.
Ha sido becario del extinto periódico argentino Cosecha Roja, de la International Women’s Media Foundation y del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región. Actualmente es editor independiente y estudiante de la carrera de Edición de Libros en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde colabora como adscripto ad honorem.
Luna holds a degree in Communication Sciences. A Salvadoran journalist and researcher based in Argentina, he has been practicing journalism for 10 years and specializes in gender and sexual diversity. His journalistic and academic research also covers access to human rights for vulnerable populations in Latin America. He collaborates for the newspaper Página 12, Agencia Presentes and Filtra Leaks (Argentina), Revista Alharaca (El Salvador) and Intertextual (Costa Rica). In 2020 he was awarded in the category of Journalistic Excellence by the Inter American Press Association for a collaborative special on forced disappearances in El Salvador, published in the magazine Séptimo Sentido, of La Prensa Gráfica.
He has received scholarships from the now defunct Argentinean newspaper Cosecha Roja, the International Women's Media Foundation and the Consortium to Support Independent Journalism in the Region. He is currently a freelance editor and a student of Book Publishing at the University of Buenos Aires, School of Philosophy and Letters, where he collaborates as an ad honorem assistant.